Cecilia Monzón Pérez, originaria de San Pedro Cholula, fue abogada penalista egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialización en Derecho Penal. Dedicó gran parte de su trayectoria profesional a la defensa de mujeres víctimas de violencia familiar, violencia vicaria y omisión de pensión alimenticia. Además de su labor litigiosa, participó en activismo feminista y ocupó cargos públicos locales, entre ellos la Dirección de Desarrollo Social en el ayuntamiento. En 2018 contendió por la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista. Al momento de su fallecimiento tenía 37 años y era madre de un menor de edad procreado con Javier López Zavala.

El 21 de mayo de 2022, mientras conducía su vehículo por el Camino Real a Momoxpan, fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta. Según la Fiscalía General, los agresores dispararon en reiteradas ocasiones con un arma calibre 9 milímetros, causándole la muerte. Las autoridades identificaron a Jair Mauricio Domínguez —sobrino de López Zavala— como el conductor de la motocicleta y a Silvestre Vargas como el autor material de los disparos.

La Fiscalía determinó que Javier López Zavala, exsecretario de Desarrollo Social y ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, actuó como autor intelectual del crimen. Las pruebas presentadas en el juicio oral establecieron que planeó el asesinato en abril de 2022, motivado por los litigios que Monzón sostenía en su contra por pensión alimenticia del hijo de ambos y por denuncias de violencia familiar. López Zavala proporcionó recursos y medios para la ejecución del ataque.

Tras un proceso marcado por numerosas dilaciones, el 23 de diciembre de 2025 el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpables a los tres imputados. El 7 de enero de 2026 se individualizó la pena, imponiendo a cada uno 60 años de prisión —la máxima contemplada en la legislación local para el delito de feminicidio—, más una multa equivalente a 1,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes al momento de los hechos.

La sentencia de primera instancia fue impugnada mediante el Toca de apelación 19/2026. Este 21 de agosto de 2026, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal de Alzada confirmó la resolución, desechando los recursos interpuestos y dejando firmes las condenas.

El caso impulsó una reforma legislativa conocida como “Ley Monzón”, aprobada por el Congreso de Puebla en marzo de 2023. Dicha reforma establece la suspensión y, en su caso, la pérdida de la patria potestad para quienes sean acusados o sentenciados por el feminicidio de la madre de sus hijos. La disposición ha sido replicada posteriormente en otras entidades del país.

La resolución definitiva del Tribunal de Alzada representa, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y la propia familia de la víctima, un precedente poco frecuente en el sistema de justicia mexicano: la condena efectiva a la pena máxima de un autor intelectual de un feminicidio con perfil político, tras un proceso sostenido por la presión social y el acompañamiento jurídico de la familia Monzón.