Fecha: 2026-06-26T19:00
+ EXTRA
Puebla, capital | Pobladores de Santa María la Alta, junta auxiliar de Tlacotepec de Benito Juárez, están en lucha persistente y organizada para exigir el respeto a sus derechos como pueblo indígena y demandar la entrega de recursos públicos que, según denuncian, han sido retenidos por sus autoridades municipales.
Como parte de su lucha, los habitantes buscarán que esta comunidad sea reconocida como el primer municipio mixteco indígena bilingüe de la entidad y del país.
Durante una movilización frente a la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno estatal en límites de Puebla y San Andrés Cholula, vecinos y autoridades comunitarias señalaron al presidente municipal, Martín Camargo, de excluir a los pueblos originarios.
Entre las principales denuncias destacan:
● Retención de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), destinado a comunidades de alta marginación porque no están llegando a Santa María la Alta a pesar de cumplir con todos los requisitos legales.
● Discriminación institucional porque acusaron que el presidente municipal prioriza la inversión pública en la cabecera municipal, marginando intencionalmente a las comunidades nahuas y mixtecas.
● Falta de Reconocimiento pues las autoridades tradicionales elegidas por asamblea comunitaria no son reconocidas ni recibidas en el ayuntamiento, vulnerando el derecho constitucional a la libre determinación y autonomía.
Demandas
1. La entrega inmediata e íntegra de los recursos del Ramo 28, 33 y fondos propios.
2. Transparencia total y rendición de cuentas sobre el ejercicio del presupuesto municipal bajo la gestión de Martín Camargo.
3. El reconocimiento formal y respeto a las autoridades comunitarias.
4. La ejecución urgente de obras básicas: agua potable, caminos, drenaje y equipamiento para salud y educación.
Contexto Legal
Esta lucha se fundamenta en el Artículo 2° de la Constitución Mexicana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales garantizan el acceso equitativo a recursos y el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas.
Los habitantes han interpuesto quejas ante las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, buscando la intervención urgente de autoridades estatales y federales.
La situación en Tlacotepec de Benito Juárez es un reflejo de las condiciones de desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas en la región Mixteca poblana, donde la exigencia de derechos básicos se convierte en una batalla contra las estructuras municipales que consideran hostiles.
